La Cámara de Diputados iniciará el próximo jueves la conformación de las cuatro comisiones clave que analizarán la ley ómnibus, mientras el Senado comenzará este miércoles, en un plenario de comisiones, el tratamiento del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja.

En las próximas horas se formalizará la citación para el jueves de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (12.30), Asuntos Constitucionales (13.30), Legislación General (14.30), Relaciones Exteriores (15.30) y Juicio Político (16.30), las cuatro primeras para análisis de los 11 proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias, y la última por su condición estratégica desde el punto de vista política.

Si bien fuentes de la Presidencia de la Cámara baja anticiparon este cronograma, evitaron referirse a la cantidad de representantes que cada espacio político tendrá en la mismas, lo que puede llegar a generar algún tipo de controversia en jornada del jueves.

Se da por descontado que las cinco comisiones estarán encabezadas por legisladores oficialistas o aliados, aunque no se confirmaron los nombres y fuentes parlamentarias coinciden en que Asuntos Constitucionales estaría a cargo de Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe); Presupuesto y Hacienda por el economista José Luis Espert (Avanza Libertad); Relaciones Exteriores en manos del legislador del PRO Fernando Iglesias, y Legislación General, por Gabriel Bornoroni (LLA-Córdoba).

El retraso en la definición de las comisiones hizo bajar las expectativas de algunos diputados de LLA que tenían la idea de que esta misma semana se pudiera convocar a un plenario para recibir a funcionarios del Gobierno con el objetivo de que expongan los alcances de los puntos más importantes de la ley enviada por el Gobierno de Javier Milei la semana pasada.

De hecho, las fuentes estiman que tras varias semanas de debate el proyecto puede llegar a discutirse en el recinto en una sesión que el oficialismo aspira a convocar para el 25 de enero próximo.

A la vez, afirmaron que es probable que el debate por el DNU que tiene que ser tratado por la comisión bicameral de Trámite Parlamentario, que aún no se conformó en su totalidad, podría ser abordado recién en marzo.

En ese sentido, los portavoces no descartaron que durante el proceso de sesiones extraordinarias que concluye el 31 de enero el Poder Ejecutivo envíe otra serie de leyes, aunque no confirmaron que se pueda llegar con los tiempos a debatir antes del inicio de las ordinarias que comienzan el 1º de marzo o bien se resuelva extender el plazo de extraordinarias durante febrero.

En cuanto al análisis de los puntos incluidos en la ley ómnibus, en la tarde de hoy la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, expuso ante los diputados de LLA, junto a los funcionarios que integran su área.

Por su parte, en el Senado, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales debatirán el proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) que ya fue aprobado a mediados de 2022 por Diputados.

En tanto, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la discusión de varios tratados internacionales firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.

La semana pasada, Libertad Avanza y los bloques no kirchneristas designaron a los legisladores que integrarán las comisiones que trabajarán durante el período de sesiones extraordinarias, en tanto que Unión por la Patria (UxP) recién lo hizo hoy, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el Decreto Presidencial Parlamentario (DPP) 1/24 incorporando a esos legisladores.

El viernes, Villarruel había promulgado los DPP 46/23 y 47/23, confirmando que el oficialismo y los demás bloques no kirchneristas tendrán la mayoría en cada una de las ocho comisiones informadas.

Entonces, el UxP había decidido no enviar el listado de sus integrantes por considerar que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría.

Pero la bancada encabezada por José Mayans decidió enviar el listado de sus representantes para las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales.

Ya habían presentado a quienes tomarán parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en la que ocuparán tres de los ocho lugares que le corresponde al Senado.

La decisión de entregar 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo fue tomada por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldada por una mayoría de 39 votos contra 29 del UxP.

La intención del oficialismo es constituir, al menos, cuatro de los siete organismos mañana para poder sesionar el miércoles 10 o el jueves 11 de enero.

Para presidir Acuerdos será elegida la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO); para Legislación General, el oficialista puntano Bartolomé Abdala, y para Asuntos Administrativos y Municipales, el radical pampeano Daniel Kroneberger.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegarás el próximo jueves al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera "virtualmente caído".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este martes -en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno- que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está "virtualmente caído" debido a que el país "no cumplió" las condiciones acordadas.

En la tarde de este martes, el FMI confirmó que un equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja arribará el próximo jueves a la Argentina con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa acordado por el organismo con la anterior administración.

"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes", señaló un portavoz del organismo ante la consulta de Télam.

Los funcionarios del FMI serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló Adorni.

En la víspera del año nuevo, el Banco Central emitió un informe de objetivos para 2024 en el que afirmó que "se ha progresado rápidamente en el dialogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional".

Según el Banco Central, un "objetivo central es despejar la incertidumbre en torno a los desembolsos pactados con vistas a atender los futuros vencimientos de capital".

Esa incertidumbre, continua el documento que está publicado en la página web del BCRA, "responde a la obligación que enfrenta la Argentina de iniciar el proceso formal de solicitud de una dispensa (waiver) por el incumplimiento de las metas acordadas en agosto de este mismo año", precisó la entidad que preside Santiago Bausili.

Adicionalmente, señaló que "el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes".

En el tradicional contacto con la prensa, Adorni no dio detalles sobre qué aspectos se pondrán sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en los próximos días entre el FMI y el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre pasado.

Días atrás, el ministro Caputo negó que se haya acordado la llegada de fondos frescos provenientes del FMI.

También ratificó el cumplimiento de los compromisos de deuda, en el marco del acuerdo pactado por la gestión anterior.

En enero, Argentina debe abonar unos U$S1.900 millones de vencimientos

Por lo pronto, en enero Argentina debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos y, aunque no lo comunicaron formalmente, en el Gobierno dejaron trascender que harán uso de la posibildad de extender el plazo hasta fin de mes.

El viernes pasado comenzó a regir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que apunta a la desregulación de la economía argentina, a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.

El documento significa una profunda reforma del Estado y sus funciones, a la vez que pone fin a la ley Alquileres, de límite a la tenencia de tierras de parte de extranjeros, y de la ley de Abastecimiento, entre otras iniciativas.

También prevé la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos

Además, Milei envió un paquete de medidas bajo el paraguas de una "Ley ómnibus", que incluye al DNU, establece una delegación de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones relevantes.

El proyecto de ley ómnibus deberá ser tratada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

El DNU, por su parte, deberá ser analizado inicialmente por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.

El DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes, y no se pueden introducir modificaciones ni agregados.

Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, continuará vigente.

En tanto, si es rechazada por ambas cámaras, puede quedar nula, o bien eventualmente podría expedirse sobre el asunto la Corte Suprema.

Los términos del DNU y de los lineamientos contenidos en el proyecto de ley ómnibus significarían un ajuste en el gasto más severo que el que pide el FMI para continuar con el acuerdo vigente.

Otro elemento que el Fondo puso sobre la mesa es la necesidad de exista apoyo político para poder llevar adelante el programa.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este martes habilitar la feria judicial para tratar el amparo presentado a fin de año por la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70/2023 del Gobierno nacional mientras, en el mismo sentido, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge abrió la feria judicial para aceptar otro requerimiento contra la norma.

La resolución de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, rubricado por su cosecretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que "se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del "Título IV Trabajo" del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023".

En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.

"Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve", señalaron los camaristas.

El pedido de excepcionalidad, firmado por Daer, invocó el mecanismo del amparo "para impedir que la tramitación del proceso traiga aparejado un daño de difícil o ardua reparación, en actos que, en principio, podrían invocarse para cercenar derechos".

Específicamente, la CGT solicitó que "se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del 'Título IV Trabajo' del Decreto de Necesidad y Urgencia".

El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados contempla la ampliación del período de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

El miércoles pasado, durante la masiva movilización que llevó la protesta obrera a las puertas de tribunales, Daer dijo que había que "voltear" el decreto "en la política, en la Justicia y en las calles".

Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge resolvió este martes sobre un amparo presentado por Roberto Crespo Armengol, quien solicitó la suspensión cautelar del decreto argumentando que el Ejecutivo excede sus facultades y afecta diversos aspectos legales y normativos vigentes al promulgar el DNU.

Aun con el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el viernes pasado abrir la feria judicial ante un pedido del gobierno de La Rioja, firmado por el exministro del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, el juez de Lomas de Zamora resolvió habilitar que se levante el receso para analizar el caso.

El viernes pasado, último día judicial antes de la feria, la Corte decidió aceptar el pedido de amparo de La Rioja pero advirtiendo que lo trataría recién en febrero, luego del receso, en tanto el procurador general interino, Eduardo Casal, fija postura -aunque no vinculante- sobre el conflicto.

A pesar del diferimiento a febrero por la decisión de fondo, uno de los letrados firmantes del pedido, el profesor de derecho constitucional Raúl Ferreyra, celebró la decisión de la Corte y la evaluó como un gran avance.

"La competencia originaria, la competencia jurisdiccional más importante de Argentina, que es amplia para la discusión federal, se abrió. Ahora, el Estado debe responder a la demanda de inconstitucionalidad", dijo el profesor y miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en la reforma judicial.

En el mismo sentido se manifestó este martes el gobernador riojano, Ricardo Quintela, impulsor de uno de los principales cuestionamientos en la Corte al DNU, cuando señaló en declaraciones radiales que "nos plantean irónicamente que 'no la vemos', pero lo único que vemos es que hay más pobreza, hambre, desesperación y mayores dificultades para que la gente alcance el nivel de vida que tenía".

Durante la mañana de este martes también se conocieron otras decisiones de jueces federales que habilitaron la feria judicial para tratar planteos contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que se encuentra vigente desde el 30 de diciembre.

La jueza Silvia Garzini también habilitó la feria judicial para dar tratamiento a un planteo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y lo remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ya tiene en sus manos el planteo de la CGT.

Otro juez que habilitó la feria para un caso vinculado al DNU fue el magistrado federal de Mar del Plata, Alfredo López, quien corrió vista al ministerio público fiscal ante un planteo que recayó en su juzgado.

En tanto, el juzgado federal 2 de San Juan, que había habilitado la feria para dar tratamiento a una presentación contra el DNU remitió el caso al juzgado en lo contencioso administrativo federal 2, que conduce Esteban Furnari.

Las iniciativas contra el decreto de Javier Milei están siendo recolectadas por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Furnari, para tramitar un proceso colectivo y evitar sentencias contradictorias.

Con ese espíritu, el viernes pasado Furnari le solicitó a la Justicia del Trabajo que le envíe el amparo de la CGT y hoy, de motu proprio el juez Auge le envió su decisión de habilitar la feria para que decida si corresponde levantar el receso.

Además de los amparos mencionados, Furnari tiene en su despacho los de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, firmado además por el exdiputado Claudio Lozano, y también los presentados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Jorge Rizzo.

Durante la feria judicial, el juez del fuero contencioso administrativo que se encuentra de turno es Enrique Lavié Pico quien deberá decidir que hace con los casos para los cuales fue habilitada la feria judicial en otras jurisdicciones y que luego fueron remitidos al juzgado de Furnari.

El intendente Raúl Jorge acompañado por el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Luciano Córdoba, recibió equipamiento de la Secretaría de Cultura de la Nación para la Casa de la Historia y Cultura Jorge Cafrune de Alto Comedero, que servirá para potenciar técnicamente las actividades que se realizan en ese espacio y en el Multiespacio adyacente.

El titular del Ejecutivo Municipal, Raúl “Chuli” Jorge, en la oportunidad consideró necesario” el equipamiento y destacó las gestiones realizada en Buenos Aires por María Isabel Álvarez Ulrich señalando que “a través de tramitación ante la Secretaria de Cultura de la Nación hemos conseguido estos elementos, que van a equipar la Casa de la Historia y Cultura y servirá también, al multiespacio que funciona paralelamente”.

Los elementos, a la administración del “Jorge Cafrune”, fuero:, consolas, bafles, iluminación led, computadoras, cámaras fotográficas y una serie de cartelerias.

 “Todo esto, es una muy buena noticia, proporcionada por Nación a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad, para todo Alto Comedero, para todo este denso sector que genera actividad permanentemente”, acotó.

Por su parte, Luciano Córdoba, enfatizó que esto “nos va a permitir potenciar todas las actividades que hacemos, mejorar la técnica, a lo cual el municipio va a tener que realizar una inversión porqué va a tener que montar estos equipos en el espacio, que ya quedarán como parte de la instalación y de la técnica definitiva de la Casa de la Cultura e Historia Jorge Cafrune”.

“Así que-siguió- estamos muy contentos, eso nos va a permitir también que los equipos instalados aquí, lo podamos a usar en otros lugares como el multiespacio o llevarlo de manera intermitentes a otros espacios que necesite el municipio; con lo cual  esto viene a potenciar las actividades que desarrolla Cultura en la ciudad de San Salvador de Jujuy”.