Por último, el capitán de corbeta Jorge Sulia fue absuelto debido a la falta de mérito que se le decretó en la causa penal que se instruye en Caleta Olivia.

Los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán esta semana, probablemente el viernes, informaron a Télam fuentes de la cartera de Defensa.

La investogación

La investigación disciplinaria había comenzado en noviembre de 2017 en el ámbito de la Armada y ante la excusación de los entonces jefe y subjefe de esa fuerza, almirante Luis Villán, y vicealmirante Francisco Medrano, el ministro de Defensa dispuso en septiembre de 2018 la conformación del consejo General de Guerra, que actuó en el marco de la ley 26.394, se indica en el informe.

El Consejo, que se reunió a partir de noviembre pasado tras finalizar la etapa de instrucción, evaluó responsabilidades disciplinarias y no penales, ya que al entrar en vigencia en febrero de 2009 la ley 26.394, los delitos esencialmente militares pasaron a ser tratados en la órbita de la justicia contencioso administrativa federal, indicaron las fuentes.

Precisamente, en el informe se señala que la vigencia de la nueva normativa "introdujo un cambio sustancial, ya que dejó de existir la jurisdicción militar en tiempos de paz", y pasó a tomar intervención la justicia federal respecto del personal militar, además de ser incorporados los delitos militares al Código Penal.

"El sistema disciplinario se rediseñó, adecuando las conductas sancionadas y los procedimientos a las necesidades de eficiencia del servicio y a los derechos que la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos consagran", explicó el informe.

El Consejo de Guerra estuvo conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo presidió un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

El Centro Naval planteó su diferencia con los argumentos de la acusación y señaló en un comunicado que "el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante".

A su vez, Valeria Carreras, abogada que representa a familiares de los marinos fallecidos en el hundimiento, había advertido que los militares juzgados "desplegaron una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)".