Invitados por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, los diputados nacionales participaron de la Mesa de Trabajo sobre Discapacidad y plantearon la necesidad de garantizar la continuidad de la emergencia hasta diciembre de 2027.

En el marco de la Mesa de Trabajo sobre Discapacidad que reunió a instituciones y organizaciones vinculadas a la temática, y que fue convocada y presidida por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, los diputados nacionales María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti (UCR-Provincias Unidas) presentaron en Jujuy el proyecto de ley que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, establecida por la Ley 27.793 (2025). Estuvieron presentes también la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, y la directora de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque. Y la diputada provincial Mariela Ortiz.

La iniciativa legislativa, que lleva la firma de diputados y diputadas nacionales de distintos bloques parlamentarios, plantea extender la emergencia con todos sus efectos en todo el territorio nacional, a partir del 1 de enero de 2027.

El proyecto busca dar continuidad a una herramienta que, según sus fundamentos, tuvo una implementación tardía, parcial e incompleta. Cabe recordar que la Ley 27.793 vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso Nacional insistió con su sanción y rechazó el veto: 172 diputados votaron a favor de insistir con la ley, frente a 73 votos negativos y 2 abstenciones; en el Senado, la votación fue de 63 a 7.

Derechos que no pueden quedar en suspenso

Durante el encuentro, la diputa Zigarán puso el foco en la necesidad de que la discusión se traduzca en la recuperación y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Destacó el compromiso del gobierno de la provincia liderado por Carlos Sadir, y el trabajo del ministerio de Desarrollo Humano que encabeza Marta Russo Arriola, desde donde se asumió la tarea de garantizar los recursos que el gobierno nacional dejó de destinar al sector de personas con discapacidad.

Explicó además que el tratamiento específico de la prórroga fue emplazado a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento y dictamen. Estas comisiones se reunirán los próximos días para avanzar con los proyectos relacionados con la prórroga de la emergencia asistencial hasta 2027 y además para tratar los proyectos de alivio frente al sobreendeudamiento de las familias argentinas.

Por su parte, el diputado Rizzoti señaló que “el gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado una absoluta insensibilidad frente a las necesidades de las personas con discapacidad”. Al mismo tiempo, reconoció que el proyecto de prórroga de la emergencia no soluciona la cuestión de fondo, pero -según dijo- “representa un alivio para un sector que se encuentra severamente desfinanciado”.

Los fundamentos de la iniciativa advierten que la emergencia vigente vence el 31 de diciembre de 2026, mientras que el período de sesiones ordinarias del Congreso finaliza el 30 de noviembre. Por ese motivo, el proyecto que los diputados jujeños expusieron sostiene que existe un margen temporal muy reducido para garantizar la continuidad de la emergencia y evitar que su futuro quede condicionado por decisiones posteriores.

“Los derechos no pueden seguir siendo vulnerados”, sostuvo Zigarán al plantear específicamente que la protección de las personas con discapacidad debe constituir una política de Estado y un punto de consenso más allá de las diferencias ideológicas.

Una problemática que requiere respuestas articuladas

La presentación se realizó en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Discapacidad, convocada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad.

La reunión tuvo como eje la implementación y alcance de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y su impacto en las políticas públicas provinciales, con la participación de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan cotidianamente con personas con discapacidad y sus familias.

A propósito, los representantes de estas organizaciones que asistieron al encuentro, desde La Quiaca, Tilcara, San Salvador de Jujuy, Palpalá, manifestaron su preocupación frente al desfinanciamiento de las políticas de discapacidad, dejando en claro que en muchos casos atraviesan una situación alarmante que las condena al cierre, sin la posibilidad de seguir atendiendo a las personas que concurren a diario.

Según precisó Zigarán, “la continuidad de la emergencia no constituye solamente una cuestión legislativa y humana, implica también sostener a las organizaciones que garantizan servicios y prestaciones, apoyos y derechos que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad y sus familias”.

Los fundamentos del proyecto advierten, además, sobre dificultades vinculadas al funcionamiento de Incluir Salud, la situación de prestadores y servicios terapéuticos, educativos y de salud, y la existencia de más de 200.000 personas con discapacidad a la espera de una pensión, de acuerdo con la información incorporada en la iniciativa.

La prórroga es urgente

La iniciativa propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, recuperando tiempo de vigencia que, según sus fundamentos, se vio reducido por el proceso de veto, judicialización e implementación tardía de la Ley 27.793.

El proyecto sostiene que dejar caer la emergencia a fines de 2026, cuando su aplicación efectiva comenzó recién a principios de ese año y continúa siendo parcial, implicaría un retroceso en el nivel de protección alcanzado.

Según los legisladores jujeños la protección de las personas con discapacidad debería ser un consenso, cualquiera sea la ideología política, no hay tiempo para seguir postergando. “Vamos a trabajar para defender en las comisiones el proyecto de prórroga de la emergencia en discapacidad, porque entendemos la situación de extrema vulnerabilidad a la que hoy se enfrentan miles de personas en Argentina”, concluyeron.