CRITERIO24|| La comisión directiva de la Asociación de Educadores Provinciales, encabezada por su secretario general, Mario Farfán, dio cuenta de la resolución 768 del Ministerio de Trabajo de la Nación por la que se validaron las renuncias de cinco dirigentes quienes habían presentado su dimisión en 2.009 durante un conflicto institucional. A partir de esta decisión de la cartera laboral, los dirigentes gremiales afirmaron que Miryam Quispe, Marisa Pérez, Carlos Condorí, Nora Moreno y Nélida Tito, “ya no son miembros de la comisión directiva”, y anticiparon que una vez conocida la resolución se iniciarán los sumarios administrativos correspondientes debido a “los graves e irreparables perjuicios contra la institución”. En conferencia de prensa, Farfán, acompañado por la asesora legal del gremio, Ivonne Haquín, precisaron que el Ministerio de Trabajo emitió una resolución el pasado 6 de agosto, que lleva la firma de Carlos Tomada, por la que se hace lugar al “recurso jerárquico” interpuesto por el secretario general, disponiendo la validez de las renuncias presentadas el año pasado por el Secretario Adjunto, la Secretaria gremial, la Secretaria de Finanzas, y por miembros de la comisión Revisora de Cuentas.
En su reseña, la doctora Haquín recordó que el 26 de septiembre de 2.009, durante un Congreso Provincial, convocado para tratar la suspensión de Marisa Pérez, tanto Quispe, Condorí, Moreno y Tito presentaron públicamente sus renuncias en apoyo a la ex tesorera del gremio.
A pesar de su decisión, continuó la asesora legal, “estos dirigentes se presentaron ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, solicitando que las renuncias queden sin efecto argumentando en forma maliciosa y falaz que nunca las habían presentado”.
Indicó que en un primer momento, la dirección de Asociaciones Sindicales, dependiente de la cartera ministerial, consideró que las renuncias no podían ser tomadas como válidas dado que no fueron presentadas por escrito. Esta situación motivó la presentación de un “recurso Jerárquico” ante el ministerio de Trabajo donde finalmente se “declaró la validez total de las renuncias”.
Una vez emitida la resolución indicó que los docentes nombrados, “no pertenecen más a la comisión directiva del gremio y que en adelante se seguirá contra ellos los sumarios administrativos para definir su afiliación en virtud de los graves e irreparables perjuicios ocasionados a la Asociación Gremial”.
Tras informar sobre el contenido de la resolución, Farfán comentó que con ello “se ha resuelto la situación institucional que venía afectando al gremio y que obedecían a intereses personales de un grupo de dirigentes que pertenecían a la comisión directiva que querían dar un golpe institucional”.
